Mujer condenada a muerte por ser católica

A esta mujer la han condenado a muerte por ser católica.

El Gobierno pakistaní ha condenado a la horca a Asia Bibi por ser católica. El próximo lunes, 22 de noviembre (¡este lunes!), vence el plazo que le han concedido para presentar alegaciones ante su condena a la pena capital. Es probable que a Asia Bibi le quede poco tiempo de vida.

En Pakistán, y tratándose de cristianos, las cosas van muy deprisa. Mientras lees esta información, las autoridades pakistaníes podrían ejecutar a Asia Bibi, acusada de decir un día en público que era católica.

Su marido todavía no ha sido capaz de explicar a sus hijas por qué su madre puede ser ahorcada de un momento a otro:

“Me preguntan por su madre, pero yo no he tenido el coraje de explicarles que está condenada a muerte por un delito que nunca cometió".

Las autoridades pakistaníes acusan a esta mujer de blasfemia: cometió el terrible “delito” de defender públicamente su fe católica. En su pueblo, Ittanwali, viven 1.500 familias. Solo tres son cristianas. La familia de Asia, también sus hijas, menores de edad, fue perseguida por sus vecinos, apaleada y torturada. Y ella terminó ante la justicia.

Primero la condenaron a una multa equivalente a lo que gana en un año un trabajador en Pakistán. Y luego la condenaron a muerte por decir que la Verdad reside en el Evangelio. No le queda mucho tiempo de vida.

Después de las inundaciones que devastaron el país, los taliban han desencadenado una oleada de destrucción y muerte contra la minoría católica, el 1,6 por ciento en una población de 165 millones de musulmanes. Los católicos son asesinados, se prende fuego a sus viviendas con ellos dentro, se intenta matar a sus obispos. Y los políticos locales no se atreven a plantar cara al fundamentalismo por miedo a convertirse ellos también en víctimas de la barbarie.

Plataformas ciudadanas han fomentado iniciativas como esta:

La presión directa sobre el presidente de Pakistán puede salvarla. Pero para lograrlo es necesario que tú también hagas algo. Y mejor si lo haces ya, sin esperar a terminar de leer, porque en Pakistán demasiados condenados a muerte no llegan vivos a la horca: un gran número de ellos aparecen asesinados en sus celdas, mientras aguardan la ejecución de la sentencia.

Firma ahora desde: http://www.porasiabibi.org

Si conseguimos salvar la vida de Asia Bibi, nunca sabremos si fue tu mensaje o el mio el que terminó de convencer al régimen pakistaní. Tampoco importa demasiado. Pero por si acaso, deberías enviar ya tu petición: http://porasiabibi.org

La opinión pública ha frenado muchas ejecuciones. Los propios obispos pakistaníes han hecho un llamamiento a la movilización social como el instrumento más eficaz, y también el último, para tratar de salvar a Asia Bibi. A través de un procedimiento tan simple como un clic se han salvado muchas vidas humanas.

El mayor riesgo que corre en estos momentos Asia Bibi es que en el lugar en que la tienen encerrada hay altas probabilidades de que alguien se tome la justicia por su mano. Ha pasado ya otras veces.

Con nuestras oraciones acompañamos a Asia Bibi.

El Valle de los Caídos. URGENTE.

Copio un mensaje de ayuda que circula en la red, uno de aquellos que llegan a nuestro correo electrónico.

De su lectura deduzco que es fácil acudir a las viejas heridas para ocultar intereses más sutiles. ¿Puede utilizarse una antigua cuestión política perjudicando a una comunidad y a un colectivo ajeno a ese pleito?

Cuando se ventilan estos viejos pleitos, suele suceder que reciben los inocentes el daño de la acción provocada sin mesura.

Queridos amigos:

En conversación telefónica, uno de los monjes benedictinos de la Basílica de El Valle de los Caídos ha informado lo siguiente:

- No ha habido, ni hay en estos momentos ningún tipo de andamiajes destinados a obras o a reparaciones en el interior de la Basílica, ya sea para reparar goteras (que siguen en el mismo sitio) o para quitar o alterar algún elemento arquitectónico, artístico u ornamental del templo.
En este sentido, en lo que se refiere a la cúpula de la Basílica, lo cierto es que sí se han limpiado las partículas de hollín que había incrustadas en la misma desde el atentado con bomba del GRAPO en 1997 , pero afortunadamente no se ha tocado nada de la decoración.

- Por lo tanto, ES MENTIRA que dentro o fuera del recinto se estén realizando tareas de "mantenimiento" o "restauración" de nada.

- En consecuencia, la única razón por la que la Basílica está cerrada a cal y canto es única y exclusivamente una decisión "por c..." de Patrimonio Nacional, siguiendo órdenes del Ministerio de la Presidencia - del cual depende orgánicamente - a su vez éste integrado en la Vicepresidencia 1ª del Gobierno (es decir, De la vega).

- Por todo ello, en estos últimos días el Abad de la Basílica, junto con el Arzobispado de Madrid y la Nunciatura de la Santa Sede (la cual confirma que en Roma se está al corriente de lo que ocurre) están intentando desbloquear conjuntamente a tres bandas esta situación, realizando gestiones no sólo con patrimonio y el Ministerio, sino incluso con la mismísima Jefatura del Estado.

- Ante el silencio informativo de lo que está pasando, el P. Julio Iglesias, en nombre del Abad, NOS RUEGA A TODOS LOS FIELES QUE DIFUNDAMOS EN CUANTOS MEDIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN NOS SEA POSIBLE (correos electrónicos, blogs, Foros, sms, Redes Sociales, Cartas a los periódicos, etc...) LOS HECHOS QUE ESTÁN ACONTECIENDO, AL TIEMPO QUE SUPLICA "A LOS BUENOS ESPAÑOLES" que contemos lo que están haciendo con los monjes del Valle.
PÁSALO.

Asignatura totalitaria

El Gobierno ha exhibido una intransigencia incompatible con la propia materia.

La aprobación de Educación para la Ciudadanía entraña un triple error: político, jurídico y moral.

Es un grave error político crear una nueva asignatura que persigue la formación cívica de los alumnos sin alcanzar, y ni siquiera intentarlo, un acuerdo político con la oposición. El Gobierno y sus aliados parlamentarios han exhibido una intransigencia, incompatible, por lo demás, con la propia naturaleza de lo que se pretende, entre otras cosas, enseñar: nada de diálogo y todo de imposición mecánica de exiguas mayorías. Perfecto ejemplo de educación cívica. Si toda gran reforma educativa debería nacer del consenso general de la sociedad y de sus representantes políticos, lo mismo cabe exigir cuando se trata de la creación de una nueva asignatura obligatoria de naturaleza moral. El fracaso de la nueva asignatura no es cuestión opinable: la asignatura del consenso y la democracia no ha generado sino división social y disenso. Es una pura falsedad afirmar que sólo pretende el conocimiento de la Constitución y de los derechos fundamentales. Es evidente que va mucho más allá de ello. Basta consultar los descriptores de la asignatura u ojear los manuales existentes, en los que se incluyen cuestiones relativas a la condición humana, la identidad personal, la orientación sexual, la educación emocional o la construcción de la conciencia moral, de las que nada dice la Carta Magna. Es un error político la intromisión del Gobierno en la educación moral que han de recibir los alumnos. Hay que añadir que es falso que se trate de una asignatura equivalente a las que existen en otros países democráticos, pues en éstos no se invade el ámbito de la conciencia moral. Es un error jurídico. Habrá que esperar a lo que decida la Justicia y, especialmente, el TC, pero parece evidente que la imposición de la asignatura entraña una vulneración del artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho de los padres a decidir la educación moral que han de recibir sus hijos. Las democracias liberales no entregan al Estado el derecho a dirigir la educación, sino sólo la misión de garantizar el libre ejercicio de ese derecho, cuyos titulares son los alumnos y sus padres. El Estado no es el dispensador de una especial sabiduría moral, sino el garante del ejercicio del derecho a la educación. La asignatura, tal como ha sido configurada, entraña la violación de un derecho fundamental de los padres y es, en este sentido, inconstitucional.

Constituye además un grave error moral y filosófico. La asignatura persigue el adoctrinamiento de los alumnos y promueve una determinada visión de la antropología y de la moral, que excluye la dimensión religiosa y trascendente de la persona humana, impone la ideología de género, la manipulación de las emociones y una visión relativista de la cultura y la moral. La concepción del hombre en la que se sustenta resulta incompatible con la fe religiosa, de manera que sus contenidos resultan incompatibles con los de la asignatura de religión católica, optativa elegida por la mayoría de los padres y alumnos. Más que una asignatura, es la imposición de una determinada ideología laicista. El argumento de la adaptabilidad de la asignatura a las preferencias de los padres o a los idearios de los centros no hace sino confirmar su condición adoctrinadora, pues si se tratara de la mera enseñanza de la Constitución y sus principios, valores e instituciones, no sería necesario recurrir al pluralismo ideológico de sus versiones. El contenido de los libros de texto existentes prueba, de modo elocuente, el carácter fuertemente ideologizado y adoctrinador de la asignatura, hasta el punto de que algunos colectivos de homosexuales reclaman la retirada del único texto, al parecer, que se opone a los desmanes de la corrección política y la manipulación ideológica. Es evidente que los centros educativos y los profesores pueden evitar los peores desmanes del engendro, pero acogerse a esa posibilidad y tolerar el mal para los demás sería muestra de insolidaridad con los padres, que no tendrán la misma posibilidad de elegir y de evitar la violación de su derecho. Que un mal sea parcialmente evitable no significa que no sea un mal. Además, lo decisivo no es tanto el contenido concreto de las enseñanzas que se impartan como el hecho de que el Estado invada un ámbito que no es de su competencia, como es el de la formación moral de los alumnos, que corresponde a los padres. Esta invasión es propia de los regímenes políticos totalitarios, que se caracterizan por la invasión por parte del poder político de todos los ámbitos de la vida social y por la decisión de imponer a toda la sociedad un sistema único de (valga la exageración) pensamiento. Es una manera de manipular las conciencias y regimentar las vidas, propia de la pesadilla que denunció Orwell. Un atentado contra el derecho de los padres.

Por todas estas razones políticas, jurídicas y morales, y otras que cabría añadir, resulta debido oponerse a la implantación injusta de esta asignatura totalitaria.

Ignacio Sánchez-CámaraCatedrático de Filosofía del Derecho.Periodista y analista político y cultural
La Gazeta de los Negocios
30.IX.2007

2. Buenos ciudadanos y Educación para la Ciudadanía

Considero importante sobremanera que los niños y jóvenes tengan muchos datos y vivencias positivas, pero en las concreciones prácticas de ética y moral hemos de poder «estar presentes» los padres. Y así, personalizar mejor los márgenes, las experiencias y las argumentaciones que ponemos en sus manos, tanto en la escuela como en la familia.

Pero para ello, creo que no es justo ni eficaz cargar con una Educación para la Ciudadanía ideológica a los profesores, ya que «moralizar-adoctrinar» a los alumnos está claro que no es su principal cometido y puede producir más conflictos que beneficios en su trabajo con alumnos y familias.

Viene al caso recordar un dato muy revelador y es que, en el informe «Eurydice-Red Europea de información en Educación», publicado en 2006 por el Ministerio de Educación, se presenta, organiza y define EpC de una manera muy abierta y general. Actualmente varía de un país a otro la oferta. Se imparte tanto como materia independiente —pero sin adoctrinamiento—, o integrada en otras —Filosofía, Estudios Sociales o Historia— o como materia transversal. Ya se ve, que no era obligado programar en España una nueva asignatura, pues habría bastado la ampliación o mayor insistencia en algunos contenidos transversales de actitudes, valores y normas.

La educación en valores es importante, pero no suficiente. Es preciso construir el entendimiento para que éste anime en nosotros un mayor anhelo de bien, punto clave de salida para mover nuestra voluntad. Es en ese punto donde la educación, formal e informal, (en la familia, en la escuela, en el centro deportivo o cultural, incluso a través de los modernos medios de comunicación) puede ayudar a mostrar el bien a través del entendimiento y hacer que la voluntad se dirija libremente a ese bien. Está claro que el verdadero progreso vendrá con la mejora moral e intelectual de cada ciudadano.

Recordemos que el hombre es atraído y puede conocer lo que es bueno en sí mismo. Por ello, para educar buenos ciudadanos, hemos de acercar a los hijos y alumnos, y acercarnos nosotros, a la realidad, a la naturaleza de las cosas.

Que nuestros chicos y chicas «vean» la libertad, así la podrán valorar y reconocer por donde vayan. De lo contrario se nos van a acostumbrar a la mediocridad o a lo «políticamente correcto».

O tal vez sólo se deslumbrarán por el placer o las apariencias, cuando podrían llegar muy alto en amor a la libertad, sabiduría y entrega a los demás, que esto es ser buen ciudadano.

Es crucial que enseñemos a pequeños y mayores no sólo a opinar, sino a pensar con auténtica libertad. Para ello es preciso cierto esfuerzo, cierta búsqueda trabajosa y sincera de la verdad. De esta manera contribuiremos a crear un buen clima cultural y de justicia, tierra fértil donde el progreso y la paz arraiguen con firmeza.

Por todo ello, también es el tiempo oportuno para valorar y aprovechar, con profesionalidad y espíritu constructivo, las actividades formativas que nos proponen a los padres y madres de familia, desde las diferentes administraciones públicas, universidades, asociaciones o entidades de prestigio. Por ejemplo, los cursos de orientación familiar, escuelas de padres, charlas monográficas de tiempo de familia, reuniones divulgativas, ciclos de conferencias, estudios universitarios sobre la familia, etc.

En todo caso, si de verdad queremos educar buenos ciudadanos, se ve imprescindible por parte de quien ostente el poder político, una actitud abierta, respetuosa y responsable, que garantice el pluralismo ideológico y la libertad.

¡Que en eso estemos todos!

Emili AvilésPadre de familia numerosa. Profesor especialista en pedagogía terapéutica.Subdirector de Educar es Fácil.
conoZe.com
18.IX.2007

Libertad de educación Vs. Educación para la ciudadanía

Me gustaría poder tener la posibilidad de escribir este artículo, también, si esta asignatura hubiera sido impuesta por otro partido o grupo de diferente tinte político. Pero la realidad es que, este gobierno y no otro, el que quiere imponer esta Ley de Educación (LOE) en la que su máximo exponente es la Educación para la Ciudadanía que tiene un profundo calado adoctrinador. Esta imposición adoctrinadora, viene precedida de una falta de consenso y diálogo con las partes implicadas en la educación, y con una clara intención de construcción de una moral de Estado.Y si digo esto, es por que el Real de Decreto aprobado en el parlamento, propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencia, así lo reconoce: "la Educación para la Ciudadanía servirá, através de los dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica".

Y nos podríamos preguntar en que cimientos o ladrillos se va a apoyar esta "construcción" moral cívica. Con echar un vistazo a las políticas cívicas y sociales de este Gobierno, podemos formarnos una visión inequívoca de cuales son los ladrillos que la sustentan: La Ley de Igualdad de Género recurrida al Constitucional, la Ley de Uniones entre Homosexuales equiparándolas al matrimonio, la Ley de Reproducción Asistida, la Ley de Clonación Terapeútica aprobando la investigación con embriones, la Ley del Divorcio Express, la Ley de Identidad de Género e incluso la Ley de Memoria Histórica son la base, junto con otras leyes en la agenda de este Gobierno como la aprobación de la Eutanasia, en las que se sostiene este impulso adoctrinador laicista. En la Educación para la ciudadanía concurren tres planos, la educación en valores para la convivencia, educación de la ciudadanía democrática impulsada desde Europa con el conocimiento de las instituciones Nacionales y Europeas, y un proyecto ideológico que contamina a las otras dos.

El intento del Gobierno de esta formación de conciencias, de este proyecto ideológico o este "espacio de reflexión", como define la Ley a esta Asignatura, no trata exclusivamente de los Derechos Humanos o de la Constitución Española, sino que por su contenido real rebasa ampliamente los valores constitucionales, tal y como señalo el propio Consejo de Estado en su negativo dictamen sobre el Decreto de la ESO, cuando afirmó: "no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución".

Se pudo ver claramente esta intención en el Manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII Aniversario de la Constitución, del 4 de Diciembre del 2006, "Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía", donde se afirmaba que: "Los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos. La laicidad es el espacio de integración. Sin laicidad no habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo(...). En una sociedad cada vez más plural (...) , uno de los desafíos más importantes que se plantean a los poderes públicos (...) es contribuir a la formación de "conciencias libres, activas y comprometidas" con el "mínimo común ético constitucional", y en dicho marco es donde hay que situar la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos".

Y esto es lo que ocurre. Bajo esta asignatura se intenta imponer desde el Poder una antropología y una ética particular, basada en el relativismo moral, en una ideología Laicista, en una ética positivista, y todo esto impregnado con la ideología de género, en la cual los alumnos deberán realizar una formación e identidad de su propio genero, que podrá cambiar según las circustancias cambiantes.

El planteamiento que deberíamos realizarnos es, si el estado está legitimado o no para imponer a través de esta Ley Orgánica una formación de la conciencia ética obligatoria y evaluable, y si estamos dispuestos a asumirlo.

El Estado ha excedido su ámbito de decisión y mediante el uso de las formas democráticas intenta instaurar un proyecto "pretotalitario" que crea alarma social en la inmensa mayoría de las familias y lleva el conflicto a la escuela y a la familia. Ante la falta de diálogo con la ciudadanía y con los actores responsables de la Educación, no nos dejan otra vía que apelar a la Constitución Española y a los Tratados Internacionales para el ejercicio de los derechos constitucionales.

La Constitución Española reconoce a los padres el derecho originario e inalienable de ser ellos quienes decidan qué tipo de educación moral habrán de recibir sus hijo. El Estado no puede quitarles este derecho, imponiendo este tipo de asignaturas, cuyo objetivo es una formación moral de las conciencias, al margen de la libre elección de los Padres.

El poder político carece de legitimidad, por lo tanto, para arbitrar una educación moral a los menores contra la libertad de los padres, que gozan del derecho Constitucional a que su hijos sean educados conforme a sus convicciones éticas y religiosas (artículo 27). Tal derecho es previo a cualquier potestad política y está reconocido y amparado por todos los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Las preguntas que debiéramos plantearnos en este punto es, qué puedo hacer ante esta imposición que ataca la libertad de los padres a la educación de sus hijos y qué vías puedo tomar para defender este derecho. La conclusión es clara. Debemos utilizar todos aquellos medios legítimos a nuestro alcance para la defensa de la Libertad de Educación, la Libertad Ideológica y la Libertad de Conciencia.

Si, es cierto, que se puede dudar de que problemas me puedo encontrar utilizando estos medios legítimos para la defensa de estas libertades, pero lo que no puedo dudar es de cual será la carga de problemas que va acarrear la implantación de esta asignatura en la conciencia de vuestros hijos.

Deberemos asumir el papel que a cada uno le corresponde en una sociedad activa y responsable.

Santiago Díez Pérez
Diario Montañés
Profesionales por la Ética13.VIII.2007

Educación para la Ciudadanía, en todas las tallas

Para desbloquear las objeciones a la Educación para la Ciudadanía (EpC), el Ministerio de Educación y sus altavoces están transmitiendo el mensaje de que es perfectamente flexible y acomodable a todas las ideas. Nada de “catecismo socialista”. Se adapta a todas las tallas, como la ropa pre-mamá. Ninguna familia debe sentirse incómoda con ella.

Para insistir en el mensaje, El País (2-09-2007) dedica una doble página a recoger el amplio abanico de posturas que se observan en los distintos libros de texto de EpC que ofrecen ya algunas editoriales. El titular es neto: “Educación para la Ciudadanía a la carta”. El subtítulo aclara más: “Los libros de texto de la nueva asignatura permiten la enseñanza de las ideologías más dispares” (¿pero la escuela está para enseñar ideologías?).

Y, efectivamente, el muestrario escogido permite encontrar las posturas más contradictorias en temas éticos polémicos: la defensa del derecho al aborto y el respeto incondicional a la vida; el reconocimiento del matrimonio homosexual y su negativa o silencio; los modelos alternativos de familia y la defensa de la familia basada en el matrimonio; la llamada a no identificar amor y sexo, y la defensa de la sexualidad libre, con tal de que no te olvides de llevar un preservativo, claro; la religión como algo perteneciente solo a la esfera privada y el derecho de los creyentes a expresar sus posturas en la esfera pública; la idea de que la diferencia en las relaciones de género es una simple construcción cultural aprendida y la que afirma que la biología influye...

En suma, los textos, dice el diario, “ofrecen tal diversidad ideológica que permite adaptarla al ideario de cualquier colegio”. Pero inevitablemente uno se pregunta si no falla algo en el programa de una asignatura que en los mismos temas permite defender posturas tan contradictorias como exigidas por el civismo. Porque no es que en cada caso se vayan a explicar las distintas alternativas, sino que cada colegio y cada profesor elegirá la que más le guste.

Si se trata de afirmar unos principios compartidos y un terreno común sobre el que pueda arraigar el civismo, lo sensato es limitar el programa a los puntos donde hay acuerdo, sin entrar en cuestiones controvertidas como las que tienen que ver con la afectividad, la sexualidad o las creencias. De hecho, los libros de texto ofrecen tratamientos mucho más similares sobre la descripción de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos, la necesidad de preservar el medio ambiente, la igual dignidad de hombre y mujer, la obligatoriedad de pagar impuestos, y otras cuestiones no conflictivas. Si la EpC se hubiera limitado a inculcar estos valores, no se habría creado esta polémica.

Pero los que ahora quieren apaciguar la resistencia son los mismos que a la hora de crear la asignatura se empeñaron en incluir asuntos controvertidos y sesgados. Cuestiones que no tienen que ver con ser un buen ciudadano, sino con las agendas particulares de algunos grupos (la agenda homosexual, la de la ideología de género, la de los militantes del laicismo...).

En algunos libros de texto, la agenda correspondiente lleva a silenciar cualquier objeción a lo que se pretende “normalizar”. Por ejemplo, al incluir entre los prejuicios la “homofobia” se intenta eludir que pueda haber no ya una fobia, sino juicios racionales con una estimación ética desfavorable sobre la conducta homosexual. En este caso no parece estar vigente el criterio de “considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se plantean sobre problemas y situaciones de carácter local o global”, actitud que figura entre los criterios de evaluación de la asignatura para “elaborar un pensamiento propio y crítico”.

A veces el adoctrinamiento desciende a cuestiones peregrinas, como cuando el manual de la editorial Octaedro asegura que ver una película europea responde a una “concepción plural y diversa” de la cultura, mientras que si ves una película americana te integras en su “concepción restrictiva y homogeneizadora”. ¡Sea un buen ciudadano y pase por la taquilla del cine español!
El pensamiento políticamente correcto campa a sus anchas en algunos manuales. De este modo problemas complejos se despachan con soluciones “buenistas” sin grandes análisis. Así, los problemas de convivencia planteados por la inmigración se deben solucionar mediante “la integración de todas las culturas en unos valores ciudadanos comunes: los valores democráticos”. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

Alejandro Tiana, secretario general del Ministerio de Educación, asegura ahora que “cada uno ha adaptado la asignatura a su manera y es lógico que muestren divergencias en una sociedad plural como la nuestra”. Pero cuando las enseñanzas de una asignatura dependen del profesor que te toque y del libro que él elija, hay motivos para poner en duda el valor de sus contenidos. Me temo que este tipo de EpC, cargada con tantos eslóganes y obviedades, pronto aburrirá al alumno.

Ignacio Aréchaga Fecha: 12 Septiembre 2007

1. Educar para la libertad

La próxima semana, unos 200.000 alumnos de tercero de ESO de 3.500 centros públicos y privados serán los primeros que reciban clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Entiendo y comparto la preocupación de muchos por nutrir de ética y moral a nuestros jóvenes. Sabemos de la gran necesidad de trascendencia, valores y búsqueda de felicidad que tenemos las personas. Como profesor tutor lo constato a diario, pues desde hace muchos años dedico innumerables horas al trabajo personalizado con alumnos y a la orientación familiar.

Estamos de acuerdo en lo adecuado que es atender esa inquietud moral ya desde pequeños. En las clases de religión y en la educación familiar eso es factible y eficaz. Pero ahora, algunos quieren también una ética racional común, para todos, impartida en la escuela. Creo que no sería inconveniente si los poderes públicos no vieran en ello una potente arma ideológica. Hoy por hoy es ésta una tarea pendiente, pero que se podría y debería estructurar y consensuar sin imposiciones, sin dogmatismos sesgados ni fijaciones de moda.

Por eso, creo que es totalmente cuestionable que quien mande en cualquier momento en un país, intente construir una ética civil obligatoria, que eso es esta Educación para la Ciudadanía; ya que tenemos el derecho y la obligación de no confundir, ni hacer confundir, el bien, con el material cumplimiento de unas normas éticas.

No es justo confundir la ética con las leyes. La ética es previa a la ley, es base de las leyes justas. Por ejemplo, un muchacho debería poder valorar la pena de muerte como no ética, a pesar de que algunas leyes mandasen ejecutarla —si se diese el caso—, pero, no por sus convicciones lo habrían de suspender en el colegio.

Eso mismo les podría pasar a muchos jóvenes estudiantes españoles, respecto a otros contenidos ideológicos, próximamente. No tendremos así una educación personalizada, sino una educación bienintencionada, pero de jóvenes poco libres, poco críticos, incapaces de verdadero progreso. Necesitan, necesitamos, a qué atenernos. Hace falta la seguridad previa del afecto-amor y el pensamiento para poder avanzar en territorios de ética y moral.

He revisado con detenimiento seis manuales de Educación para la Ciudadanía, recomendados por diversos colegios para este curso escolar. Todos estos libros de texto tienen una presentación atractiva, con gráficos, distribución de actividades, dibujos y diseño, de alta calidad.

Creo que algunos son claramente ideológicos, por lo que no se pueden aceptar como moral obligatoria para todos los ciudadanos. Otros, en varias unidades didácticas dan pie a todo tipo de desarrollos. Por ejemplo, la expresa formación de la conciencia moral de los alumnos, la ideología de género o una ética cívica impuesta a todos, relativa y sólo basada en legislación.

Lo que es formal de la democracia es muy importante, básico para la buena convivencia, pero no puede ser fuente de valor moral absoluto.

No es asumible en un Estado de Derecho, una «moral utilitaria», de pura conveniencia, según manden unos u otros gobernantes. Eso nos llevaría a una injusticia, desconcierto y «fariseísmo» generalizados.

Para evitarlo, hemos de conseguir que se cumpla, realmente, el principio de libertad que tenemos los padres, por el hecho de serlo, para elegir el modelo de educación que queremos para nuestros hijos. Eso, en una sociedad democrática, se ha de atender muy delicadamente. Para eso están los expertos en política educativa y de familia.

Por ello, una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que obliga y evalúa una percepción concreta de la existencia humana, nunca ha de ser obligatoria. Que le pongan las mismas condiciones de voluntariedad que a la Religión, o le quiten los contenidos más doctrinales antes citados.

Seguro que todos, también los que pudieran estar de acuerdo con algunos contenidos de esta «moral de Estado», queremos que vuelva la sensatez e impere la búsqueda del bien común. No paremos de recordárnoslo, pues puede ser ocasión estupenda para generar en España un verdadero pacto educativo, responsable y bien consensuado.

Emili AvilésPadre de familia numerosa. Profesor especialista en pedagogía terapéutica.Subdirector de Educar es Fácil.
conoZe.com
12.IX.2007

El hombre no se explica desde Educación para la Ciudadanía

Leo con alguna extrañeza y un alto grado de estupor la imposible analogía que establece Álvaro Delgado-Gal en el Abc entre la «melancolía infinita» que le producen las homilías del sacerdote, originantes en una «cultura religiosa fosilizada», con la tristeza y fatiga, el cansancio y el tedio que le inspiran los textos de Educación para la Ciudadanía (EpC). No alcanzo a percibir ninguna semejanza, no sólo porque se trata de propuestas situadas en objetivos distintos, sino especialmente porque un texto de EpC no posee la virtualidad, y menos la garantía y eficacia, de transformar y dar sentido a la vida del hombre, algo que sí realiza la Palabra de Dios cuando existe un corazón capaz de escuchar con fe.

Dicho esto, conviene recuperar el «molesto discurso» de la ciudadanía, en expresión de Antonio Burgos, quien prefiere ser denominado español a ciudadano. Una cosa es que la mayoría de las personas pase buena parte de su tiempo desatenta, irreflexiva, ocupada en sentimientos superficiales, malogrando así el objetivo de la acción humana que es la virtud, y otra muy distinta es la intención de eliminar de un modo deliberado la excelencia del bien abierto a la Trascendencia. Una cosa es no conceder importancia a lo valioso (algo difícil, pero posible), y otra muy distinta asumir la tarea de repudiar los bienes que generan felicidad, en la medida en que constituyen el reconocimiento de comunidades ajenas a proyectos personales y políticos. En La Repúbica, Platón pone en marcha una propuesta para la educación de los jóvenes con el resultado de retirar la poesía tradicional, quizá porque enseña a infundir en el educando emociones como el dolor, el miedo y la compasión. En EpC, el Gobierno (no es mi intención establecer ninguna imposible analogía), ante la evidente dificultad de retirar la enseñanza de la Religión, instaura de un modo gradual su magisterio laicista y relativista, provocando un patente cisma en la comunidad educativa, con el rechazo y la falta de sensibilidad hacia la propuesta moral católica, bien acogida por amplios sectores de la sociedad española.

Feo asunto el de imponer una doxa ajena a la libertad de educación y de conciencia, impulsar una propuesta valorativa sectaria, por parte de quienes se vanaglorian de hacer del consenso y de la pluralidad una de sus más estimadas máximas. Los tribunales y la calle apenas lograrán nada en una sociedad altamente secularizada, donde lo religioso no influye en la vida, la conciencia no remite a la verdad, y la libertad rechaza cualquier presupuesto una vez que se absolutiza a sí misma. La solicitud del «retorno a la ética» por parte de la gente (un fenómeno que se sucede de un modo cíclico, sin aparente continuidad), al comprobar su ausencia en el ámbito político, profesional y social; la demanda de ética, especialmente en la vida pública y en la cultura contemporánea; la búsqueda de la justicia como finalidad insalvable de la ley, no debiera hacer olvidar el sentido último de la vida y de la libertad, marcadas por la Trascendencia, el lenguaje y la persona de un Dios que se presenta como fin último de la vida del hombre. De lo contrario, la demanda ética sólo sería un pretexto que intenta secuestrar al hombre de sí mismo, sin posibilidad de explicarlo más allá de una visión secular inmanentista, sin hacerlo inteligible desde una comunidad alternativa a la que hoy pretende sustraerse y sepultar el Ejecutivo desde la puesta en marcha progresiva y gradual de EpC.

Roberto Esteban DuqueDoctor en Teología Moral por la Universidad San Dámaso
conoZe.com
22.VIII.2007

27.3

No, no se trata de una frecuencia radiofónica misteriosa, ni de unas coordenadas que marquen la ubicación de un lugar perdido. Se trata sencillamente de un artículo de la Constitución Española, cuyo incumplimiento está generando una preocupante tensión en la sociedad española : "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (Constitución Española, art. 27.3).

Es verdad que muy pocos son los que discuten la formulación de este artículo constitucional, en el que se recoge un derecho y un deber fundamental. Por desgracia, en la vida española la batalla no se está planteando a nivel de principios, sino por la vía de los hechos consumados. De poco nos sirve que nuestra Constitución marque unas bases, si luego la vida práctica es encauzada por otros derroteros. Si Romanones hizo famosa la expresión " haz tú las leyes, que yo haré los reglamentos", bien podríamos atribuir a nuestros dirigentes laicistas otra formulación: "tú quédate con los principios, que yo voy a lo mío".

Negar por la vía de los principios el derecho de los padres a ser los educadores morales de sus hijos, sería tanto como reconocer explícitamente unos presupuestos de ética marxista; algo inconfesable tras la caída del "socialismo real". Sin embargo, cada vez resulta más evidente que los diseñadores de los planes de educación en España están legislando al margen del artículo 27.3 de la Constitución. ¡Lo que darían por que este numerito desapareciese de la Carta Magna! Pero se tienen que conformar, por el momento, con legislar como si no existiese. Bien saben que, incluso en el caso de que un recurso de inconstitucionalidad terminase prosperando, sería ya muy difícil erradicar todos los vicios introducidos en el sistema educativo por la vía de los hechos consumados.

Por el contrario, permítaseme hacer notar que la Iglesia Católica siempre se ha sentido "cómoda" dentro del artículo 27.3. En efecto, nosotros no queremos evangelizar a los niños al margen de la voluntad de los padres, sino respondiendo a su petición. La tarea educadora de la Iglesia es subsidiaria del derecho-deber que tienen los padres de educar a sus hijos. Nos hacemos presentes en el sistema educativo, en mayor o menor medida, dependiendo de la demanda de los padres.

Un ejemplo bien concreto: La Iglesia Católica no pretende impartir la clase de Religión Católica a todos los alumnos, sino únicamente a los alumnos cuyos padres así lo han elegido. Por el contrario, el Gobierno Español no dirige la asignatura de Educación para la Ciudadanía sólo a los padres que así lo hayan solicitado, sino que la impone obligatoriamente a todo el alumnado. ¿No es una diferencia notable y notoria? ¿No será esto indicativo de que el estilo de la Iglesia Católica está perfectamente encajado con el artículo 27.3 de la Constitución, mientras que nuestras autoridades políticas están indisimuladamente incómodas con este principio constitucional?

Pongo otros ejemplos igualmente significativos: A la gran mayoría de los colegios religiosos no se les permite aumentar el número de sus plazas, a pesar de que la demanda de los padres para matricular a sus hijos no pueda ser satisfecha. El motivo aducido es que mientras haya plazas libres en la escuela pública de esas localidades, no cabe dar permiso para aumentar las plazas en la escuela privada. ¿Y eso, por qué?, nos atrevemos a preguntar… ¿Puede haber otra razón para esa negativa que la alergia al principio recogido en el 27.3? ¿No deberían estar las autoridades políticas encantadas con que una iniciativa social privada –como es la Iglesia- esté dando cauce a la voluntad educativa de tantos padres, y que además esta educación le esté resultando a las arcas públicas un 40% más barata que la impartida en la escuela pública? Es difícil entender otro motivo para la denegación de la ampliación de la oferta educativa de los centros privados, que no sea la pretensión del control ideológico en la educación del alumnado, al margen de la voluntad de los padres. Por desgracia, no exagerábamos cuando nos atrevíamos a ironizar con la máxima: " tú quédate con los principios, que yo voy a lo mío".

Si el Estado creyese en el 27.3, no habría tenido necesidad de poner en marcha la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Le habría bastado con incluir en el currículum de otras asignaturas –como la de Ciencias Sociales- la enseñanza de las Declaraciones de Derechos Humanos, de la Constitución o del funcionamiento del sistema político. La auténtica novedad de esta asignatura no es otra que la inclusión en ella de conceptos morales obligatorios para todos los alumnos, al margen de la voluntad de los padres. Es el caso de cuestiones morales como "la condición humana", "la identidad personal", "la educación afectiva-emocional", "la construcción de la conciencia moral", etc.

Y lo increíble del asunto es que, mediáticamente, a la sociedad se le llegue a transmitir el mensaje de que el problema es que "la Iglesia se resiste a abandonar unos determinados privilegios y que está mostrando su incapacidad para integrarse con normalidad en el sistema democrático español". Y, sin embargo, a pesar de la capacidad que algunos tienen de hacer creer a las masas que el cielo es verde y los burros vuelan… para todos aquellos que se acerquen a la realidad sin prejuicios de partida, es patente que el problema estriba en que, mientras que unos creemos en el valor moral que encierra el 27.3, otros no creen en tal cosa. Aunque no se atrevan a confesarlo.

+ José Ignacio, Obispo de Palencia

El Estado moralizador

Quedan lejanos los tiempos en que Locke establecía como funciones del Estado sólo la protección del ciudadano (libertad, seguridad, propiedad) y la impartición de justicia. Todo lo demás quedaba en el ámbito privado. Era necesario hacer este Estado neutral desde el punto de vista moral y religioso después de la dolorosa ruptura de la Cristiandad y de las guerras religiosas que asolaron europa. Este primigenio Estado liberal, que tiene su primera manifestación en Iglaterra, en la Gloriosa de 1688, se fundamenta en esta idea de la tolerancia y la neutralidad moral y supone el primer germen del Estado democrático moderno. Sin embargo, el sentido de la historia en los países occidentales ha sido otro: ir aumentado este primer ámbito reducido hasta extenderlo a un tamaño que algunos pueden cosiderar megalómano. El Estado se convierte en una enorme máquina que está presente en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. La mayoría de la gente (el estatismo, que en España está extendido ingualmente en la derecha como en la izquierda) no ve en este fenómeno una amenaza, sino una garantía. Se ve bien, por ejemplo, que el Estado sirva de contrapeso a las desigualdades «naturales» de la sociedad, repartiendo las riquezas, o que se inmiscuya en los hábitos alimenticios o de ocio. Hay una minoría (los que siguen las viejas ideas liberales) que contemplan esta capacidad extensiva como una amenza a la que hay que poner coto. Esta es la cuestión de fondo: ¿Puede el Estado seguir invadiéndolo todo como una hidra de mil cabeza? ¿Puede, incluso, invadir el terreno moral y convertirse en dispensador de pautas éticas, es decir, en «educador» en el sentido radical del término? Todas estas cavilaciones vienen, como habrá supuesto el lector, a cuento de la famosa Educación para la Ciudadanía (por cierto, me gusta más la palabra civismo) y de la oposición de lo obispos a esta nueva materia escolar.

Los obispos no protestan por el contenido de esta asignatura, que por otro lado, dependerán en una gran parte del centro, del profesor, de diversas circunstancias. Los obispos, algunos católicos y también algunos no católicos piensan que esta función moralizadora no compete al Estado, sino al ámbito privado: sobre todo familia, pero también el ambiente de los amigos, los órganos intermedios, iglesias, realidades sociales todas anteriores al Estado y cuyo espacio de actuación ha de ser respetado.

Hay otra cuestión no tan teórica y que entra en terreno de la sospecha. Muchos temen —no sin fundamento— que ese elenco de valores, supuestamente indiscutibles y consensuados, sea algo parecido a la «visión del mundo» que transmiten, por ejemplo, las prédicas periodísticas de Iñaki Gabilondo o Sardá, el cine de Almodóvar, el discurso intelectual (?) de Ramoncín o Rosa Regàs o las ideas económicas de Ignacio Ramonet. Es decir, la izquierda postmoderna, ya no marxista ni rompedora con el capitalismo, sino moralizante y directora de los usos y costumbres. Izquierda cuyas ideas pueden resultar respetables, pero que distan de ser, como algunos parecen pretender, un conjunto de valores sin discusión posible, una especie de Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y lo más curioso de todo este asunto es que sean los obispos católicos los que defiendan, casi en solitario en España, la idea liberal de la sociedad civil y la autonomía ciudadana; que defiendan un ámbito propio e irreductible de lo privado. El Cristianismo, ¡qué vueltas da la historia!, se alía con quien tantos encuentros y desencuentros ha tenido: el Liberalismo.

Tomás Salas. www.conoze.com

Una cuestión de libertad

Ningún gobierno posee derecho para definir lo que es ser un buen ciudadano e imponerlo.

La polémica planteada por la imposición gubernamental de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía no es un nuevo episodio de la vieja querella religiosa, ni del superado problema escolar, resueltos por la Constitución vigente, sino una cuestión de libertad que enfrenta a conservadores y liberales, por un lado, y a socialistas y comunistas, por otro, o incluso a demócratas (liberales) y a filototalitarios. Pues si la Iglesia Católica tuvo en el pasado una hegemonía educativa abusiva, la solución no es su sustitución por una hegemonía estatalista y laicista de signo opuesto, sino la libertad. Si en el pasado existió la asignatura, impuesta y sesgada, de Formación del Espíritu Nacional, la solución no es su sustitución por una alternativa, igualmente impuesta y sesgada. Del mismo modo que los males de la hegemonía de los vencedores en la guerra civil no se cura con una tardía e imposible victoria de los vencidos, sino con la libertad de todos y la reconciliación.

La mayoría parlamentaria, por lo demás tan exigua que deja fuera casi a la mitad de los ciudadanos, carece de legitimidad (aunque, por los errores de nuestra legislación, que no exige mayoría cualificada para los grandes textos legales educativos, no de legalidad) para imponer una enseñanza moral obligatoria. Ni siquiera podría hacerlo una mayoría más amplia, pues la educación es un derecho (y un deber) fundamental de los ciudadanos que corresponde ejercer a los padres. Aunque se tratara de una mera formación cívica, no es posible llevarla a término sino a partir de ciertos principios morales. Entonces, sólo habría sido legítima su implantación (y aún esto sería dudoso) si hubiera contado con la adhesión de, al menos, los dos grandes partidos nacionales. La pretensión del Gobierno de que se trata de inculcar unos principios mínimos de buena ciudadanía compartidos por todos choca ante el argumento incontestable de que la oposición y centenares de miles de padres no están de acuerdo. No se puede caracterizar como aceptable para todos lo que no es aceptado por todos. Aquí la prueba es irrefutable. No puede aspirar a defender la libertad quien impone algo violentando la libertad de muchos. Y todo esto vale, sin entrar a considerar si los programas y los contenidos de los libros de texto son buenos o malos, acertados o erróneos. Basta con que no haya consenso para que exista vulneración del derecho a la elección por los padres de la educación moral de sus hijos. En cualquier caso, ningún gobierno ni ninguna mayoría minoritaria parlamentaria posee derecho para definir lo que es ser un buen ciudadano y determinar su contenido e imponerlo.

Una prueba más de que el Gobierno no actúa en favor de la libertad la suministra el hecho de que la nueva asignatura se presenta como obligatoria y no como optativa. Si es la formación cívica del Gobierno y sus aliados, entonces que se ofrezca como optativa, pero que no se imponga a todos. Estas son algunas de las razones que justifican el rechazo de muchos ciudadanos, instituciones y asociaciones, e incluso el eventual recurso a la objeción de conciencia. No se trata aquí tanto de un derecho como de un deber. Si un padre estima que la asignatura forzosa impone a sus hijos principios morales o una concepción de la buena ciudadanía que no comparten, deben oponerse a que sus hijos reciban una educación contraria a su criterio. Para ello le ampara no sólo la fuerza del deber sino también la Constitución.

En cualquier caso imponer algo en nombre de la libertad, parece abusiva contradicción en los términos. Ni el Estado, ni el Parlamento, ni el Gobierno, ni, por supuesto, la Iglesia, ni ninguna otra institución, pueden aspirar al monopolio de la educación moral ni a la determinación de los atributos y condiciones de la buena ciudadanía. Un Gobierno que se introduzca, y más si lo hace sin acuerdo con la oposición y de manera obligatoria e impositiva, se desliza por la pendiente antiliberal que conduce al totalitarismo. Por eso, decía al principio que se trata de una pura cuestión de libertad. El Estado es el garante del ejercicio del derecho a la educación, pero su pretensión de dirigir la educación y determinar sus contenidos morales lo convierte, en ese aspecto en un poder ilegítimo. En realidad, la intención del Gobierno al imponer esta nueva asignatura resulta muy claro: generar una educación moral y cívica afín a sus orientaciones e intereses, que le permita crear un estado de opinión favorable a sus principios y programas que, en última instancia, favorezca su pretensión de marginar a la oposición y perpetuarse en el poder. Pero someter la educación, el bien público y privado más elevado que existe en una sociedad, al dictado del poder constituye un atentado mortal contra la libertad. Educación para la Ciudadanía, tal como se ha planteado, no es sólo una cuestión de concepciones morales en conflicto, sino un asunto que afecta a las libertades fundamentales de los ciudadanos: una cuestión de libertad.

Ignacio Sánchez-Cámara
conoZe.com