miércoles, 26 de septiembre de 2007

2. Buenos ciudadanos y Educación para la Ciudadanía

Considero importante sobremanera que los niños y jóvenes tengan muchos datos y vivencias positivas, pero en las concreciones prácticas de ética y moral hemos de poder «estar presentes» los padres. Y así, personalizar mejor los márgenes, las experiencias y las argumentaciones que ponemos en sus manos, tanto en la escuela como en la familia.

Pero para ello, creo que no es justo ni eficaz cargar con una Educación para la Ciudadanía ideológica a los profesores, ya que «moralizar-adoctrinar» a los alumnos está claro que no es su principal cometido y puede producir más conflictos que beneficios en su trabajo con alumnos y familias.

Viene al caso recordar un dato muy revelador y es que, en el informe «Eurydice-Red Europea de información en Educación», publicado en 2006 por el Ministerio de Educación, se presenta, organiza y define EpC de una manera muy abierta y general. Actualmente varía de un país a otro la oferta. Se imparte tanto como materia independiente —pero sin adoctrinamiento—, o integrada en otras —Filosofía, Estudios Sociales o Historia— o como materia transversal. Ya se ve, que no era obligado programar en España una nueva asignatura, pues habría bastado la ampliación o mayor insistencia en algunos contenidos transversales de actitudes, valores y normas.

La educación en valores es importante, pero no suficiente. Es preciso construir el entendimiento para que éste anime en nosotros un mayor anhelo de bien, punto clave de salida para mover nuestra voluntad. Es en ese punto donde la educación, formal e informal, (en la familia, en la escuela, en el centro deportivo o cultural, incluso a través de los modernos medios de comunicación) puede ayudar a mostrar el bien a través del entendimiento y hacer que la voluntad se dirija libremente a ese bien. Está claro que el verdadero progreso vendrá con la mejora moral e intelectual de cada ciudadano.

Recordemos que el hombre es atraído y puede conocer lo que es bueno en sí mismo. Por ello, para educar buenos ciudadanos, hemos de acercar a los hijos y alumnos, y acercarnos nosotros, a la realidad, a la naturaleza de las cosas.

Que nuestros chicos y chicas «vean» la libertad, así la podrán valorar y reconocer por donde vayan. De lo contrario se nos van a acostumbrar a la mediocridad o a lo «políticamente correcto».

O tal vez sólo se deslumbrarán por el placer o las apariencias, cuando podrían llegar muy alto en amor a la libertad, sabiduría y entrega a los demás, que esto es ser buen ciudadano.

Es crucial que enseñemos a pequeños y mayores no sólo a opinar, sino a pensar con auténtica libertad. Para ello es preciso cierto esfuerzo, cierta búsqueda trabajosa y sincera de la verdad. De esta manera contribuiremos a crear un buen clima cultural y de justicia, tierra fértil donde el progreso y la paz arraiguen con firmeza.

Por todo ello, también es el tiempo oportuno para valorar y aprovechar, con profesionalidad y espíritu constructivo, las actividades formativas que nos proponen a los padres y madres de familia, desde las diferentes administraciones públicas, universidades, asociaciones o entidades de prestigio. Por ejemplo, los cursos de orientación familiar, escuelas de padres, charlas monográficas de tiempo de familia, reuniones divulgativas, ciclos de conferencias, estudios universitarios sobre la familia, etc.

En todo caso, si de verdad queremos educar buenos ciudadanos, se ve imprescindible por parte de quien ostente el poder político, una actitud abierta, respetuosa y responsable, que garantice el pluralismo ideológico y la libertad.

¡Que en eso estemos todos!
Emili AvilésPadre de familia numerosa. Profesor especialista en pedagogía terapéutica.Subdirector de Educar es Fácil.
conoZe.com
18.IX.2007

lunes, 17 de septiembre de 2007

Libertad de educación Vs. Educación para la ciudadanía

Me gustaría poder tener la posibilidad de escribir este artículo, también, si esta asignatura hubiera sido impuesta por otro partido o grupo de diferente tinte político. Pero la realidad es que, este gobierno y no otro, el que quiere imponer esta Ley de Educación (LOE) en la que su máximo exponente es la Educación para la Ciudadanía que tiene un profundo calado adoctrinador. Esta imposición adoctrinadora, viene precedida de una falta de consenso y diálogo con las partes implicadas en la educación, y con una clara intención de construcción de una moral de Estado.Y si digo esto, es por que el Real de Decreto aprobado en el parlamento, propuesto por el Ministerio de Educación y Ciencia, así lo reconoce: "la Educación para la Ciudadanía servirá, através de los dilemas morales, a la construcción de una conciencia moral cívica".

Y nos podríamos preguntar en que cimientos o ladrillos se va a apoyar esta "construcción" moral cívica. Con echar un vistazo a las políticas cívicas y sociales de este Gobierno, podemos formarnos una visión inequívoca de cuales son los ladrillos que la sustentan: La Ley de Igualdad de Género recurrida al Constitucional, la Ley de Uniones entre Homosexuales equiparándolas al matrimonio, la Ley de Reproducción Asistida, la Ley de Clonación Terapeútica aprobando la investigación con embriones, la Ley del Divorcio Express, la Ley de Identidad de Género e incluso la Ley de Memoria Histórica son la base, junto con otras leyes en la agenda de este Gobierno como la aprobación de la Eutanasia, en las que se sostiene este impulso adoctrinador laicista. En la Educación para la ciudadanía concurren tres planos, la educación en valores para la convivencia, educación de la ciudadanía democrática impulsada desde Europa con el conocimiento de las instituciones Nacionales y Europeas, y un proyecto ideológico que contamina a las otras dos.

El intento del Gobierno de esta formación de conciencias, de este proyecto ideológico o este "espacio de reflexión", como define la Ley a esta Asignatura, no trata exclusivamente de los Derechos Humanos o de la Constitución Española, sino que por su contenido real rebasa ampliamente los valores constitucionales, tal y como señalo el propio Consejo de Estado en su negativo dictamen sobre el Decreto de la ESO, cuando afirmó: "no puede formar parte de los aspectos básicos del sistema educativo, sustraídos a la libertad de enseñanza garantizada en el artículo 27 de la Constitución, la difusión de valores que no estén consagrados en la propia Constitución".

Se pudo ver claramente esta intención en el Manifiesto del PSOE con motivo del XXVIII Aniversario de la Constitución, del 4 de Diciembre del 2006, "Constitución, Laicidad y Educación para la Ciudadanía", donde se afirmaba que: "Los fundamentalismos monoteístas o religiosos siembran fronteras entre los ciudadanos. La laicidad es el espacio de integración. Sin laicidad no habría nuevos derechos de ciudadanía, serían delitos civiles algunas libertades como la interrupción voluntaria del embarazo(...). En una sociedad cada vez más plural (...) , uno de los desafíos más importantes que se plantean a los poderes públicos (...) es contribuir a la formación de "conciencias libres, activas y comprometidas" con el "mínimo común ético constitucional", y en dicho marco es donde hay que situar la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos".

Y esto es lo que ocurre. Bajo esta asignatura se intenta imponer desde el Poder una antropología y una ética particular, basada en el relativismo moral, en una ideología Laicista, en una ética positivista, y todo esto impregnado con la ideología de género, en la cual los alumnos deberán realizar una formación e identidad de su propio genero, que podrá cambiar según las circustancias cambiantes.

El planteamiento que deberíamos realizarnos es, si el estado está legitimado o no para imponer a través de esta Ley Orgánica una formación de la conciencia ética obligatoria y evaluable, y si estamos dispuestos a asumirlo.

El Estado ha excedido su ámbito de decisión y mediante el uso de las formas democráticas intenta instaurar un proyecto "pretotalitario" que crea alarma social en la inmensa mayoría de las familias y lleva el conflicto a la escuela y a la familia. Ante la falta de diálogo con la ciudadanía y con los actores responsables de la Educación, no nos dejan otra vía que apelar a la Constitución Española y a los Tratados Internacionales para el ejercicio de los derechos constitucionales.

La Constitución Española reconoce a los padres el derecho originario e inalienable de ser ellos quienes decidan qué tipo de educación moral habrán de recibir sus hijo. El Estado no puede quitarles este derecho, imponiendo este tipo de asignaturas, cuyo objetivo es una formación moral de las conciencias, al margen de la libre elección de los Padres.

El poder político carece de legitimidad, por lo tanto, para arbitrar una educación moral a los menores contra la libertad de los padres, que gozan del derecho Constitucional a que su hijos sean educados conforme a sus convicciones éticas y religiosas (artículo 27). Tal derecho es previo a cualquier potestad política y está reconocido y amparado por todos los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Las preguntas que debiéramos plantearnos en este punto es, qué puedo hacer ante esta imposición que ataca la libertad de los padres a la educación de sus hijos y qué vías puedo tomar para defender este derecho. La conclusión es clara. Debemos utilizar todos aquellos medios legítimos a nuestro alcance para la defensa de la Libertad de Educación, la Libertad Ideológica y la Libertad de Conciencia.

Si, es cierto, que se puede dudar de que problemas me puedo encontrar utilizando estos medios legítimos para la defensa de estas libertades, pero lo que no puedo dudar es de cual será la carga de problemas que va acarrear la implantación de esta asignatura en la conciencia de vuestros hijos.

Deberemos asumir el papel que a cada uno le corresponde en una sociedad activa y responsable.

Santiago Díez Pérez
Diario Montañés
Profesionales por la Ética13.VIII.2007

domingo, 16 de septiembre de 2007

Educación para la Ciudadanía, en todas las tallas


Para desbloquear las objeciones a la Educación para la Ciudadanía (EpC), el Ministerio de Educación y sus altavoces están transmitiendo el mensaje de que es perfectamente flexible y acomodable a todas las ideas. Nada de “catecismo socialista”. Se adapta a todas las tallas, como la ropa pre-mamá. Ninguna familia debe sentirse incómoda con ella.

Para insistir en el mensaje, El País (2-09-2007) dedica una doble página a recoger el amplio abanico de posturas que se observan en los distintos libros de texto de EpC que ofrecen ya algunas editoriales. El titular es neto: “Educación para la Ciudadanía a la carta”. El subtítulo aclara más: “Los libros de texto de la nueva asignatura permiten la enseñanza de las ideologías más dispares” (¿pero la escuela está para enseñar ideologías?).

Y, efectivamente, el muestrario escogido permite encontrar las posturas más contradictorias en temas éticos polémicos: la defensa del derecho al aborto y el respeto incondicional a la vida; el reconocimiento del matrimonio homosexual y su negativa o silencio; los modelos alternativos de familia y la defensa de la familia basada en el matrimonio; la llamada a no identificar amor y sexo, y la defensa de la sexualidad libre, con tal de que no te olvides de llevar un preservativo, claro; la religión como algo perteneciente solo a la esfera privada y el derecho de los creyentes a expresar sus posturas en la esfera pública; la idea de que la diferencia en las relaciones de género es una simple construcción cultural aprendida y la que afirma que la biología influye...

En suma, los textos, dice el diario, “ofrecen tal diversidad ideológica que permite adaptarla al ideario de cualquier colegio”. Pero inevitablemente uno se pregunta si no falla algo en el programa de una asignatura que en los mismos temas permite defender posturas tan contradictorias como exigidas por el civismo. Porque no es que en cada caso se vayan a explicar las distintas alternativas, sino que cada colegio y cada profesor elegirá la que más le guste.

Si se trata de afirmar unos principios compartidos y un terreno común sobre el que pueda arraigar el civismo, lo sensato es limitar el programa a los puntos donde hay acuerdo, sin entrar en cuestiones controvertidas como las que tienen que ver con la afectividad, la sexualidad o las creencias. De hecho, los libros de texto ofrecen tratamientos mucho más similares sobre la descripción de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos, la necesidad de preservar el medio ambiente, la igual dignidad de hombre y mujer, la obligatoriedad de pagar impuestos, y otras cuestiones no conflictivas. Si la EpC se hubiera limitado a inculcar estos valores, no se habría creado esta polémica.

Pero los que ahora quieren apaciguar la resistencia son los mismos que a la hora de crear la asignatura se empeñaron en incluir asuntos controvertidos y sesgados. Cuestiones que no tienen que ver con ser un buen ciudadano, sino con las agendas particulares de algunos grupos (la agenda homosexual, la de la ideología de género, la de los militantes del laicismo...).

En algunos libros de texto, la agenda correspondiente lleva a silenciar cualquier objeción a lo que se pretende “normalizar”. Por ejemplo, al incluir entre los prejuicios la “homofobia” se intenta eludir que pueda haber no ya una fobia, sino juicios racionales con una estimación ética desfavorable sobre la conducta homosexual. En este caso no parece estar vigente el criterio de “considerar las distintas posiciones y alternativas existentes en los debates que se plantean sobre problemas y situaciones de carácter local o global”, actitud que figura entre los criterios de evaluación de la asignatura para “elaborar un pensamiento propio y crítico”.

A veces el adoctrinamiento desciende a cuestiones peregrinas, como cuando el manual de la editorial Octaedro asegura que ver una película europea responde a una “concepción plural y diversa” de la cultura, mientras que si ves una película americana te integras en su “concepción restrictiva y homogeneizadora”. ¡Sea un buen ciudadano y pase por la taquilla del cine español!
El pensamiento políticamente correcto campa a sus anchas en algunos manuales. De este modo problemas complejos se despachan con soluciones “buenistas” sin grandes análisis. Así, los problemas de convivencia planteados por la inmigración se deben solucionar mediante “la integración de todas las culturas en unos valores ciudadanos comunes: los valores democráticos”. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes?

Alejandro Tiana, secretario general del Ministerio de Educación, asegura ahora que “cada uno ha adaptado la asignatura a su manera y es lógico que muestren divergencias en una sociedad plural como la nuestra”. Pero cuando las enseñanzas de una asignatura dependen del profesor que te toque y del libro que él elija, hay motivos para poner en duda el valor de sus contenidos. Me temo que este tipo de EpC, cargada con tantos eslóganes y obviedades, pronto aburrirá al alumno.

Ignacio Aréchaga Fecha: 12 Septiembre 2007

1. Educar para la libertad

La próxima semana, unos 200.000 alumnos de tercero de ESO de 3.500 centros públicos y privados serán los primeros que reciban clases de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.

Entiendo y comparto la preocupación de muchos por nutrir de ética y moral a nuestros jóvenes. Sabemos de la gran necesidad de trascendencia, valores y búsqueda de felicidad que tenemos las personas. Como profesor tutor lo constato a diario, pues desde hace muchos años dedico innumerables horas al trabajo personalizado con alumnos y a la orientación familiar.

Estamos de acuerdo en lo adecuado que es atender esa inquietud moral ya desde pequeños. En las clases de religión y en la educación familiar eso es factible y eficaz. Pero ahora, algunos quieren también una ética racional común, para todos, impartida en la escuela. Creo que no sería inconveniente si los poderes públicos no vieran en ello una potente arma ideológica. Hoy por hoy es ésta una tarea pendiente, pero que se podría y debería estructurar y consensuar sin imposiciones, sin dogmatismos sesgados ni fijaciones de moda.

Por eso, creo que es totalmente cuestionable que quien mande en cualquier momento en un país, intente construir una ética civil obligatoria, que eso es esta Educación para la Ciudadanía; ya que tenemos el derecho y la obligación de no confundir, ni hacer confundir, el bien, con el material cumplimiento de unas normas éticas.

No es justo confundir la ética con las leyes. La ética es previa a la ley, es base de las leyes justas. Por ejemplo, un muchacho debería poder valorar la pena de muerte como no ética, a pesar de que algunas leyes mandasen ejecutarla —si se diese el caso—, pero, no por sus convicciones lo habrían de suspender en el colegio.

Eso mismo les podría pasar a muchos jóvenes estudiantes españoles, respecto a otros contenidos ideológicos, próximamente. No tendremos así una educación personalizada, sino una educación bienintencionada, pero de jóvenes poco libres, poco críticos, incapaces de verdadero progreso. Necesitan, necesitamos, a qué atenernos. Hace falta la seguridad previa del afecto-amor y el pensamiento para poder avanzar en territorios de ética y moral.

He revisado con detenimiento seis manuales de Educación para la Ciudadanía, recomendados por diversos colegios para este curso escolar. Todos estos libros de texto tienen una presentación atractiva, con gráficos, distribución de actividades, dibujos y diseño, de alta calidad.

Creo que algunos son claramente ideológicos, por lo que no se pueden aceptar como moral obligatoria para todos los ciudadanos. Otros, en varias unidades didácticas dan pie a todo tipo de desarrollos. Por ejemplo, la expresa formación de la conciencia moral de los alumnos, la ideología de género o una ética cívica impuesta a todos, relativa y sólo basada en legislación.

Lo que es formal de la democracia es muy importante, básico para la buena convivencia, pero no puede ser fuente de valor moral absoluto.

No es asumible en un Estado de Derecho, una «moral utilitaria», de pura conveniencia, según manden unos u otros gobernantes. Eso nos llevaría a una injusticia, desconcierto y «fariseísmo» generalizados.

Para evitarlo, hemos de conseguir que se cumpla, realmente, el principio de libertad que tenemos los padres, por el hecho de serlo, para elegir el modelo de educación que queremos para nuestros hijos. Eso, en una sociedad democrática, se ha de atender muy delicadamente. Para eso están los expertos en política educativa y de familia.

Por ello, una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que obliga y evalúa una percepción concreta de la existencia humana, nunca ha de ser obligatoria. Que le pongan las mismas condiciones de voluntariedad que a la Religión, o le quiten los contenidos más doctrinales antes citados.

Seguro que todos, también los que pudieran estar de acuerdo con algunos contenidos de esta «moral de Estado», queremos que vuelva la sensatez e impere la búsqueda del bien común. No paremos de recordárnoslo, pues puede ser ocasión estupenda para generar en España un verdadero pacto educativo, responsable y bien consensuado.

Emili AvilésPadre de familia numerosa. Profesor especialista en pedagogía terapéutica.Subdirector de Educar es Fácil.
conoZe.com
12.IX.2007

martes, 11 de septiembre de 2007

El hombre no se explica desde Educación para la Ciudadanía

Leo con alguna extrañeza y un alto grado de estupor la imposible analogía que establece Álvaro Delgado-Gal en el Abc entre la «melancolía infinita» que le producen las homilías del sacerdote, originantes en una «cultura religiosa fosilizada», con la tristeza y fatiga, el cansancio y el tedio que le inspiran los textos de Educación para la Ciudadanía (EpC). No alcanzo a percibir ninguna semejanza, no sólo porque se trata de propuestas situadas en objetivos distintos, sino especialmente porque un texto de EpC no posee la virtualidad, y menos la garantía y eficacia, de transformar y dar sentido a la vida del hombre, algo que sí realiza la Palabra de Dios cuando existe un corazón capaz de escuchar con fe.

Dicho esto, conviene recuperar el «molesto discurso» de la ciudadanía, en expresión de Antonio Burgos, quien prefiere ser denominado español a ciudadano. Una cosa es que la mayoría de las personas pase buena parte de su tiempo desatenta, irreflexiva, ocupada en sentimientos superficiales, malogrando así el objetivo de la acción humana que es la virtud, y otra muy distinta es la intención de eliminar de un modo deliberado la excelencia del bien abierto a la Trascendencia. Una cosa es no conceder importancia a lo valioso (algo difícil, pero posible), y otra muy distinta asumir la tarea de repudiar los bienes que generan felicidad, en la medida en que constituyen el reconocimiento de comunidades ajenas a proyectos personales y políticos. En La Repúbica, Platón pone en marcha una propuesta para la educación de los jóvenes con el resultado de retirar la poesía tradicional, quizá porque enseña a infundir en el educando emociones como el dolor, el miedo y la compasión. En EpC, el Gobierno (no es mi intención establecer ninguna imposible analogía), ante la evidente dificultad de retirar la enseñanza de la Religión, instaura de un modo gradual su magisterio laicista y relativista, provocando un patente cisma en la comunidad educativa, con el rechazo y la falta de sensibilidad hacia la propuesta moral católica, bien acogida por amplios sectores de la sociedad española.

Feo asunto el de imponer una doxa ajena a la libertad de educación y de conciencia, impulsar una propuesta valorativa sectaria, por parte de quienes se vanaglorian de hacer del consenso y de la pluralidad una de sus más estimadas máximas. Los tribunales y la calle apenas lograrán nada en una sociedad altamente secularizada, donde lo religioso no influye en la vida, la conciencia no remite a la verdad, y la libertad rechaza cualquier presupuesto una vez que se absolutiza a sí misma. La solicitud del «retorno a la ética» por parte de la gente (un fenómeno que se sucede de un modo cíclico, sin aparente continuidad), al comprobar su ausencia en el ámbito político, profesional y social; la demanda de ética, especialmente en la vida pública y en la cultura contemporánea; la búsqueda de la justicia como finalidad insalvable de la ley, no debiera hacer olvidar el sentido último de la vida y de la libertad, marcadas por la Trascendencia, el lenguaje y la persona de un Dios que se presenta como fin último de la vida del hombre. De lo contrario, la demanda ética sólo sería un pretexto que intenta secuestrar al hombre de sí mismo, sin posibilidad de explicarlo más allá de una visión secular inmanentista, sin hacerlo inteligible desde una comunidad alternativa a la que hoy pretende sustraerse y sepultar el Ejecutivo desde la puesta en marcha progresiva y gradual de EpC.

Roberto Esteban Duque
Doctor en Teología Moral por la Universidad San Dámaso
conoZe.com
22.VIII.2007

jueves, 6 de septiembre de 2007

27.3

No, no se trata de una frecuencia radiofónica misteriosa, ni de unas coordenadas que marquen la ubicación de un lugar perdido. Se trata sencillamente de un artículo de la Constitución Española, cuyo incumplimiento está generando una preocupante tensión en la sociedad española : "Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones" (Constitución Española, art. 27.3).

Es verdad que muy pocos son los que discuten la formulación de este artículo constitucional, en el que se recoge un derecho y un deber fundamental. Por desgracia, en la vida española la batalla no se está planteando a nivel de principios, sino por la vía de los hechos consumados. De poco nos sirve que nuestra Constitución marque unas bases, si luego la vida práctica es encauzada por otros derroteros. Si Romanones hizo famosa la expresión " haz tú las leyes, que yo haré los reglamentos", bien podríamos atribuir a nuestros dirigentes laicistas otra formulación: "tú quédate con los principios, que yo voy a lo mío".

Negar por la vía de los principios el derecho de los padres a ser los educadores morales de sus hijos, sería tanto como reconocer explícitamente unos presupuestos de ética marxista; algo inconfesable tras la caída del "socialismo real". Sin embargo, cada vez resulta más evidente que los diseñadores de los planes de educación en España están legislando al margen del artículo 27.3 de la Constitución. ¡Lo que darían por que este numerito desapareciese de la Carta Magna! Pero se tienen que conformar, por el momento, con legislar como si no existiese. Bien saben que, incluso en el caso de que un recurso de inconstitucionalidad terminase prosperando, sería ya muy difícil erradicar todos los vicios introducidos en el sistema educativo por la vía de los hechos consumados.

Por el contrario, permítaseme hacer notar que la Iglesia Católica siempre se ha sentido "cómoda" dentro del artículo 27.3. En efecto, nosotros no queremos evangelizar a los niños al margen de la voluntad de los padres, sino respondiendo a su petición. La tarea educadora de la Iglesia es subsidiaria del derecho-deber que tienen los padres de educar a sus hijos. Nos hacemos presentes en el sistema educativo, en mayor o menor medida, dependiendo de la demanda de los padres.

Un ejemplo bien concreto: La Iglesia Católica no pretende impartir la clase de Religión Católica a todos los alumnos, sino únicamente a los alumnos cuyos padres así lo han elegido. Por el contrario, el Gobierno Español no dirige la asignatura de Educación para la Ciudadanía sólo a los padres que así lo hayan solicitado, sino que la impone obligatoriamente a todo el alumnado. ¿No es una diferencia notable y notoria? ¿No será esto indicativo de que el estilo de la Iglesia Católica está perfectamente encajado con el artículo 27.3 de la Constitución, mientras que nuestras autoridades políticas están indisimuladamente incómodas con este principio constitucional?

Pongo otros ejemplos igualmente significativos: A la gran mayoría de los colegios religiosos no se les permite aumentar el número de sus plazas, a pesar de que la demanda de los padres para matricular a sus hijos no pueda ser satisfecha. El motivo aducido es que mientras haya plazas libres en la escuela pública de esas localidades, no cabe dar permiso para aumentar las plazas en la escuela privada. ¿Y eso, por qué?, nos atrevemos a preguntar… ¿Puede haber otra razón para esa negativa que la alergia al principio recogido en el 27.3? ¿No deberían estar las autoridades políticas encantadas con que una iniciativa social privada –como es la Iglesia- esté dando cauce a la voluntad educativa de tantos padres, y que además esta educación le esté resultando a las arcas públicas un 40% más barata que la impartida en la escuela pública? Es difícil entender otro motivo para la denegación de la ampliación de la oferta educativa de los centros privados, que no sea la pretensión del control ideológico en la educación del alumnado, al margen de la voluntad de los padres. Por desgracia, no exagerábamos cuando nos atrevíamos a ironizar con la máxima: " tú quédate con los principios, que yo voy a lo mío".

Si el Estado creyese en el 27.3, no habría tenido necesidad de poner en marcha la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía. Le habría bastado con incluir en el currículum de otras asignaturas –como la de Ciencias Sociales- la enseñanza de las Declaraciones de Derechos Humanos, de la Constitución o del funcionamiento del sistema político. La auténtica novedad de esta asignatura no es otra que la inclusión en ella de conceptos morales obligatorios para todos los alumnos, al margen de la voluntad de los padres. Es el caso de cuestiones morales como "la condición humana", "la identidad personal", "la educación afectiva-emocional", "la construcción de la conciencia moral", etc.

Y lo increíble del asunto es que, mediáticamente, a la sociedad se le llegue a transmitir el mensaje de que el problema es que "la Iglesia se resiste a abandonar unos determinados privilegios y que está mostrando su incapacidad para integrarse con normalidad en el sistema democrático español". Y, sin embargo, a pesar de la capacidad que algunos tienen de hacer creer a las masas que el cielo es verde y los burros vuelan… para todos aquellos que se acerquen a la realidad sin prejuicios de partida, es patente que el problema estriba en que, mientras que unos creemos en el valor moral que encierra el 27.3, otros no creen en tal cosa. Aunque no se atrevan a confesarlo.

+ José Ignacio, Obispo de Palencia